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Sección:
Salud Mental, Implicaciones Legales y Forenses

EL INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO POR RAZÓN DE TRASTORNO PSÍQUICO
Mª del Carmen Antón Boix, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid

En España el internamiento psiquiátrico está regulado por el Código Penal, el Código Civil y la Ley General de Sanidad. Según el artículo 17.1 de la Constitución española "toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos por la ley" .

La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de Enero ha derogado el artículo 211 del Código Civil, que es sustituido por el 763 de la Ley 1/2000 que bajo el título “Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico” contempla que: "El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí misma , aunque esté sometida a patria potestad o tutela, requerirá autorización judicial, que será recabada del Tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento(…)”.

De esta manera, el ordenamiento jurídico arbitra un mecanismo que posibilita la atención médica a la vez que garantiza los derechos fundamentales de aquellas personas con alteraciones psiquiátricas graves, cuya capacidad para valorar adecuadamente su situación y la necesidad de recibir tratamiento, así como las consecuencias que acarrearía el no recibirlo, pudiera estar seriamente afectada.

Se protege al paciente de los posibles abusos en la privación de uno de sus derechos fundamentales -el derecho a la libertad-, al mismo tiempo que crea una vía para su tratamiento en caso necesario.
La decisión de internamiento forzoso e involuntario se contempla como una medida excepcional, necesaria y limitada en el tiempo, debiendo quedar sin efecto nada mas desaparezcan las excepcionales causas que lo motiven.

Para que la medida resulte procedente, habrá de evidenciarse tanto la necesidad o conveniencia para el propio afectado, desde el punto de vista terapéutico, como la peligrosidad para sí o para otros.
Debe estar motivada por razones de trastorno psíquico, siendo el propio texto legal el que delimita aquellas situaciones que justifican estas medidas, cuando entiende que sólo es factible en los supuestos de enfermedad psíquica, lo que entronca con la exigencia de que el internado no esté en condiciones de decidirlo por sí mismo.

Se excluyen todas aquéllas situaciones de personas que padecen sólo enfermedades físicas, no condicionando su adopción la catalogación del centro médico, de modo que, más bien parece que, para que el internamiento proceda, y de modo especial para que se ratifique el acordado por razones de urgencia, que estemos ante una fase crítica dentro del proceso patológico de un enfermo mental que precisa el ingreso para evitar que se cause daño a sí mismo o a terceros.

Cabe resaltar que la acción del Juez se materializa en la autorización –no la orden-, de que la persona sea internada cuando a criterio de los facultativos exista un motivo clínico que lo justifique.
En los casos de urgencia no es preciso la previa autorización judicial, bastando una indicación facultativa y la posterior comunicación al juzgado para la ratificación de la medida. El Juez deberá examinar al paciente y en el plazo de 72 horas ratificar o no la medida del internamiento involuntario; sin embargo, la decisión última acerca de la indicación de ingreso corresponde al médico, el Juez no puede imponer el internamiento de un paciente contraindicado clínicamente. Posteriormente el Juez revisará la continuidad o no del ingreso.
La autorización judicial que legítima el internamiento, ordinario o urgente, debe de estar basada en el resultado del examen de la persona y en el dictamen del facultativo designado por el Juzgado, para garantizar la independencia y neutralidad., “(...) Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida. Además, y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso, el tribunal deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado. En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de representación y defensa en los términos señalados en el art. 758 de la presente Ley.(...)”.

El Juez, garante de los derechos y libertades de las personas, valorará todas las referidas circunstancias, actuando con una finalidad cautelar.
En este sentido reseñar que recientemente varios medios de comunicación han difundido la noticia de que la Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado el ingreso involuntario en un centro hospitalario de una joven de 20 años, R.S, que padece anorexia y que se negaba a ser tratada de su enfermedad, argumentando que R.S sufre “una enfermedad psíquica real ”. El auto dictado por la sección 18 de la Audiencia de Barcelona ordena el ingreso involuntario de la joven “en el centro médico que proceda”.
El supuesto de hecho enjuiciado es el siguiente: El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Badalona dictó el 14 de abril del año pasado un auto en el que desestimó la autorización del internamiento de R.S, una joven de 20 años que pese a su 1,70 cm de altura llegó a pesar 34 kilos, ya que el informe forense solicitado “no apreció alteraciones o deficiencias físicas o psíquicas que impidan el gobierno de sí misma”. La familia de R.S. apeló la decisión del juzgado ante la Audiencia de Barcelona.

La Audiencia ha considerado que la juez de Badalona pudo cometer un “error de apreciación de la prueba” , ya que “sólo valoró el informe médico forense” que ella encargó que negaba que la joven sufriera una alteración psíquica, sin tener en cuenta “los demás obrantes en las actuaciones” que habían sido elaborados por el Hospital de Bellvitge de L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) -recomendó "agilizar el proceso involuntario vía judicial" para adelantar en lo posible el tratamiento-, y por el de Sant Pau de Barcelona - diagnosticó una anorexia nerviosa-.
El Tribunal ha acordado el internamiento de la joven a la luz de los referidos dictámenes y de un nuevo informe forense, elaborado por un especialista psiquiátra por encargo de la Audiencia de Barcelona, que diagnosticó que la joven “precisa de tutelaje en cuanto a necesidad de tratamiento psiquiátrico”, apreciando que R.S. tenía una incapacidad para reconocer la enfermedad que padece –anosognosia-.
La Audiencia señala en su auto que R.S. sufre una “enfermedad psíquica real” de la que ella no es consciente, lo que impide su tratamiento; por tanto, ha ordenado su internamiento no voluntario "en su interés y beneficio". Añade que, aunque la joven no puede por ahora comprender que su internamiento redunda en beneficio suyo, "tras el necesario tratamiento y rehabilitación, en su mejora, podrá entender, apreciar y valorar la correcta lucha de su familia para su curación y bienestar".

La resolución judicial manifiesta que se trata de una forma de "detención regular de un enajenado" prevista en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y amparada por el Tribunal Constitucional. Una medida, concluyen los jueces de Barcelona, que se adopta "en beneficio tanto de quien lo padece como de la sociedad en su conjunto" si se dan unas condiciones, de las que no hay ninguna duda que reúne la afectada.
Concluyendo, y como breve valoración final, la intervención del juez se produce en las fases severas de la enfermedad y los médicos forenses –psicólogos y psiquiátras-, son los que asisten al juez en la decisión de privar de libertad, lo que pone de manifiesto la indispensable relación interdisciplinaria del campo médico y jurídico.

 

 

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