La Revista de la Salud Mental
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Sección:
Salud Mental, Implicaciones Legales y Forenses

ASPECTOS LEGALES DE LA CONTENCIÓN MECÁNICA EN PSIQUIATRÍA (I)
Mª del Carmen Antón Boix, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid 

 La atención psiquiátrica tiene que basarse en el respeto a la dignidad de la persona humana que se concreta en tutelas y promoción de los derechos humanos y legales, que van implícitos en el paciente por el hecho de ser persona. Entre estos derechos se encuentra el respeto a su autonomía, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad corporal y el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Por todo esto la utilización de medidas coercitivas de contención física como métodos extraordinarios con finalidad terapéutica, según todas las declaraciones sobre los derechos humanos referentes a psiquiatría (Declaración de Naciones Unidas, Federación Mundial de la Salud Mental, O.M.S.); sólo resultarán tolerables ante aquellas situaciones de emergencia que comporten una amenaza urgente o inmediata para la vida y/o integridad física del propio paciente o de terceros, y que no puedan conjurarse por otros medios terapéuticos.

A nivel institucional es responsabilidad de todos los miembros del equipo asistencial el detectar e intuir conductas o situaciones que puedan poner en peligro la seguridad del paciente o de terceros con la finalidad de prevenir y evitar el uso de contenciones físicas. Después de la detección, los mecanismos de contención a utilizar serán:

    Contención psicológica.

    Contención ambiental.

    Contención psicofarmacológica.

Cuando finalmente la contención física resulta inevitable, esta ha de ser siempre una medida puntual que ha de durar el menor tiempo posible.

Marco de la coerción en psiquiatría en Europa.

Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, 4 abril 1997.

“…adoptar las medidas adecuadas, en el ámbito de las aplicaciones de la biología y la medicina, para garantizar la dignidad del ser humano y los derechos y libertades fundamentales de la persona”
            Artículo 1 “…protegerán al ser humano en su dignidad y su identidad y garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina”.

Recomendaciones del Consejo de Europa
Recomendaciones del Consejo de Europa
Rec 1235 (1994): Aislamiento estrictamente limitado y contención proscrita.

Rec (2004) 10 (para aislamiento y contención): Sólo para prevención de daños propios o a terceros; Principios de restricción mínima y proporcionalidad; Establecimientos apropiados; Consignación por escrito; Justificación de la medida y duración; Excluida la contención momentánea y Necesaria formación del personal.

Libro Blanco 2000 sobre protección de los derechos y la dignidad de las personas que sufran trastornos mentales, especialmente en lo referido a los ingresados como pacientes involuntarios en una institución psiquiátrica: Proporcionalidad (riesgos/beneficios); Por tiempo breve; Control médico; Registro en historia clínica.

Standards contenidos en el 8th General Report [CPT/Inf (98) 12] y en el 16th General Report [CPT/Inf (2006) 35].
- Respeto a la dignidad (ningún sentimiento de humillación).
- Política clara en el uso de la contención.
- Medio seguro y humano.
- Uso de medios proporcionales a la situación (de la persuasión a la contención).
- Personal suficiente y formado sobre: técnicas verbales, empleo de la contención manual, forma de aplicación de medios de contención, principios éticos de intervención.
- Autorización médica o ratificación inmediata posterior.
- Control y cuidado periódico.
- Lugares y condiciones adecuados.
- Duración, la imprescindible. Establecimiento de caducidad de la medida –confirmación escrita del facultativo en caso de prolongación-
- Uso de cámaras de vigilancia.
- No exposición a la vista de otros pacientes.
- Necesaria documentación.
- Derecho del paciente a introducir observaciones propias en la documentación.
- Tras contención: entrevista médica.
- Cambio de la cultura hospitalaria.
- Necesidad de un órgano de control externo.

Principios para la protección de las personas con enfermedad mental y la mejora de la atención en salud mental, aprobados por la Asamblea General en su Resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991,
Principio 11.11: “No se someterá a ningún paciente a restricciones físicas o a reclusión involuntaria salvo con arreglo a los procedimientos oficialmente aprobados de la institución psiquiátrica y sólo cuando sea el único medio disponible para impedir un daño inmediato o inminente al paciente o a terceros. Esas prácticas no se prolongarán más allá del período estrictamente necesario para alcanzar aquel propósito. Todos los casos de restricción física o de reclusión involuntaria, sus motivos y su carácter y duración se registrarán en el historial clínico del paciente. Un paciente sometido a restricción o reclusión será mantenido en condiciones dignas y bajo el cuidado y la supervisión inmediata y regular de personal calificado. Se dará pronto aviso de toda restricción física o reclusión involuntaria de pacientes a los representantes personales, de haberlos y de proceder”.

 MARCO ESPAÑOL

Constitución Española 1978,
-artículo 1.1.: “España… propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad,…”.
- artículo 10.1: La dignidad de la persona,… [es] fundamento del orden político y de la paz social.

Los derechos fundamentales afectados por las intervenciones corporales:

- artículo 15 Derecho a la integridad física: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra”.

- artículo 17.1 Derecho a la libertad: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”

- artículo 18.1 Derecho a la intimidad corporal: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”

Ley General Sanidad 1986, art. 10.1: Todos tienen [derecho] al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad”.

Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora, de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (E.M.) : “esta Ley… mantiene el máximo respeto a la dignidad de la persona y a la libertad individual”.
           

Modalidades de responsabilidad

Responsabilidad Penal al
Juzgado.
No hay pena sin dolo o imprudencia. (art. 5 CP)

Los delitos o faltas que consistan en la produciéndose un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción:
a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. (art. 11 CP)

Delito de homicidio imprudente: Muerte por imprudencia grave: prisión de 1-4 años e inhabilitación profesional de 3-6 años. (art. 142 CP).

Delito de lesiones por imprudencia grave (art. 152 CP):

- Menoscabo integridad corporal o salud física o mental: arresto 7-24 f/s.
- Pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal: prisión de 1-3 años.
- Pérdida o inutilidad de órgano o miembro no principal: prisión de 6 meses a 2 años.

- Si es por imprudencia profesional: inhabilitación de 1-4 años.

Falta por imprudencia (art. 621 CP):
- Muerte por imprudencia leve: multa de 1-2 meses.
- Menoscabo de integridad corporal o salud física o mental, de menor gravedad por medio empleado o resultado producido: multa de 1-2 meses.

Responsabilidad Civil

Responsabilidad contractual: Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquélla. Art. 1101 CC
Responsabilidad extracontractual: El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Art. 1902 CC.

UNIDAD DE LA CULPA Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Art 106. 2. CE

Responsabilidad Patrimonial de la Administración
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Art. 139.1

Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Pública
1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el capítulo I de este Título, los particulares exigirán directamente a la Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.
Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. Art. 145.